En junio, el Consejo de líderes fijó el documento principal sobre las condiciones, hitos y objetivos para que España pudiese acceder a los fondos europeos. Recientemente, el Gobierno español y la Comisión Europea han redactado el contrato operacional, conocido como “Operational Arrangement”, según el Reglamento que rige el mecanismo de recuperación. Dicho acuerdo preceptivo detalla la evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas sobre cómo se verificarán los objetivos ya comprometidos según señala el artículo 20.6 del reglamento europeo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Ello debe estar firmado antes de recibir el dinero.
En especial, se concretan los detalles operativos, los indicadores y plazos que se van a revisar, el acceso a los datos y todos los anexos con las reformas a realizar. Dos hitos esenciales son la reforma laboral y el mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones. Si España cumple estos hitos podrá recibir los 140.000 millones previstos hasta 2026, incluyendo los 70.000 millones en ayudas no reembolsables a lo largo de cuatro años. El contenido ya está pactado a falta sólo de la firma oficial final.
Sin embargo, todo ello ha sucedido a puerta cerrada y sin publicidad alguna, llegando a pasar desapercibida por el ojo público. A pesar de que trasciende esta legislatura, ni Moncloa ni el Ministerio de Hacienda ni de Economía tienen la intención de hacerlo público. Todos ellos junto a la Comisión Europea han llevado este asunto con el máximo secretismo, sin explicar en ninguna comparecencia ni al Congreso de Diputados ni al Parlamento Europeo. Dicha opacidad por parte del Gobierno socialista tal vez haya sido con la idea de reducir la presión sobre los ministros concernidos y en algunos casos enfrentados entre sí. Por otro lado, la Comisión opina que los acuerdos de ejecución firmados con los Estados miembros deberían hacerse públicos y ha insistido en que todo el proceso se ha de llevar a cabo con “un grado de transparencia”. Ello ha propiciado que el líder de la oposición, Pablo Casado, haya intervenido en el debate sobre los Presupuestos del Estado para 2022 para decir que irá al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea a exigir que se publique si no se publican la semana que viene.
Los gestores de los fondos europeos serán tanto los ministerios como las comunidades autónomas sobre aquellas que tienen competencias como en medioambiente, energía, transportes, educación, sanidad, vivienda o agua. La preocupación del Gobierno recaba en si su estructura administrativa descentralizada será capaz de estar a la altura de orquestar una maquinaria tan compleja y de reorientar fondos si estos no se ejecutan. En cambio, las comunidades autónomas se quejan de que todavía no tienen claro cómo se va a evaluar al no tener constancia aun del “Operational Arrangement”. En las materias ya mencionadas los ministerios transferirán los fondos a través de la conferencia sectorial pertinente. Los Presupuestos contemplan unos 10.700 millones en transferencias de fondos europeos a las autonomías. Por ello, Hacienda ha establecido un exhaustivo sistema de control y cumplimiento con el fin de prevenir la corrupción y los conflictos de intereses. Además de los planes antifraude, ha exigido a las comunidades bases de datos para controlar los flujos de dinero, ya que este suministro de información se considera esencial para conocer el estado de las inversiones.
Tanta minucia se debe a que el reglamento europeo permite a Bruselas retener fondos si hay retrasos en la ejecución de las comunidades. El Ejecutivo tendrá que someterse cada 6 meses a un examen sobre la evolución de las reformas y las inversiones. Bruselas dispondrá de dos meses para responder autorizando los pagos. En el caso de incumplimiento, la Comisión podrá retener fondos. Todavía se desconoce cuál será el coste de incumplir alguno de los hitos y objetivos acordados. Aun no se ha especificado el impacto si un país no aprobase una reforma, tal vez para evitar poner un precio a las medidas y así que un país decida ahorrarse una reforma a cambio de renunciar al dinero.
* Esta publicación puede contener opiniones personales del autor que no representan, necesariamiente, la postura del Instituto 9 de Mayo. * Se mantiene la redacción original de la autora.
