El pasado 18 de mayo, la ciudadanía española presenció perpleja lo que estaba sucediendo en la ciudad autónoma de Ceuta. Miles de ciudadanos marroquíes, entre los que se encontraban un gran número de menores, estaban cruzando a España sin ningún tipo de impedimento por parte de las autoridades marroquíes.
Rabat está utilizando la inmigración –uno de los asuntos más sensibles para Europa– como moneda de cambio, a fin de ejercer presión sobre el Gobierno de España con la excusa de que nuestro ejecutivo, de un modo “desleal”, ofrece ayuda a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Sin embargo, ¿no hay otro motivo de fondo que llevaría a Rabat a empuñar este arma?
Desde que el 11 de diciembre de 2020, el anterior huésped de la Casa Blanca, Donald Trump, reconociera la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental –hecho que va en contra de varias resoluciones de la ONU y del consenso internacional, y cuyo principal objetivo era provocar la normalización de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel, principal socio de EE.UU. en Oriente Próximo– la estrategia diplomática del país vecino ha estado enfocada en que el resto de la comunidad internacional haga lo mismo.
Como era de esperar, pocos días después del anuncio estadounidense, una veintena de países africanos y árabes, abrieron “consulados” en Sahara Occidental, hecho que marruecos interpreta como un reconocimiento de su soberanía sobre la antigua colonia española.
Tras un reconocimiento tan potente para el orden internacional, como el de los EE.UU., Marruecos está poniendo el foco en otros actores. Ahora, su principal objetivo es que la Unión Europea haga lo mismo.
Ciertamente, Marruecos tiene varias opciones para presionar a Europa: sobre todo la inmigración y la pesca, pero no debemos olvidar que este asunto cruza una de la líneas rojas de uno de sus Estados miembros, España.
A nuestro país se le reconoce como potencia administradora del Sahara gracias al acuerdo al que se llegó en 1975 en el conocido como “Acuerdo de Madrid”, donde Marruecos, Mauritania y España acordaron una administración tripartita de la antigua colonia española. De facto, España no cumple con este deber, pero de iure lo sigue teniendo y nunca debería de renunciar al mismo, ya que de hacerlo estaría atentando directamente contra los intereses del pueblo saharaui al que ya abandonó en su día.
De ahí que la UE, a pesar de todas las armas de presión que Marruecos pueda ejercer contra ella, nunca debería reconocer la soberanía reclamada por reino alauita sobre el Sahara Occidental. La posición de la Unión Europea debe ser la posición de la ONU y no debe permitir ningún tipo de acción que atente contra sus intereses.
Quizás, la decisión de acoger al líder del Frente Polisario, a pesar de que fue para ofrecerle ayuda sanitaria, no fuera la más prudente, pero la respuesta marroquí a este asunto ha sobrepasado todos los límites jurídicos y políticos, siendo cuando menos desproporcionada. Utilizar a sus propios nacionales, entre ellos un gran número de menores, como moneda de cambio para conseguir unos objetivos políticos es algo que no se debe permitir y Bruselas debería de ser contundente en su respuesta.
Sí, Bruselas, ya que el problema no es sólo con España, como bien está intentando remarcar el gobierno marroquí, sino que el conflicto es con el conjunto de la UE. La respuesta de los altos dirigentes de las instituciones europeas fue clara: “Las fronteras de España son las fronteras de la Unión Europea”.
Llama mucho la atención que los dirigentes europeos tuvieran que salir a explicar que España –Ceuta y Melilla inclusive– es Europa. En cualquier caso, tanto para las instituciones europeas, los Estados miembros y el resto de la comunidad internacional, debe de quedar bastante claro que no es aceptable otro planteamiento distinto.
Resulta preocupante la situación humanitaria en Ceuta y su vertiente sanitaria en contexto de COVID, por lo que precisará de la colaboración de todos. En cuanto a Rabat, solo la cooperación leal y real entre ambas vertientes del Mediterráneo sería la solución, pero para ello las posiciones de España y el conjunto de la Unión han de ser tan firmes como unánimes.
* Esta publicación puede contener opiniones personales del autor que no representan, necesariamiente, la postura del Instituto 9 de Mayo.
