Hay dos puntos que se hacen evidentes sobre la disputa entre Bruselas y Varsovia: Polonia tiene las de perder y la UE está evitando por todos los medios pelearse con su Estado miembro.
Es imposible que al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, se le haya pasado por alto un principio ilimitado e indiscutible de la UE. El controvertido fallo del Tribunal Constitucional de su país ha propiciado una alerta sobre la posible ruptura legal con la UE, al declarar inconstitucionales varios artículos de los tratados de la UE y acusar a sus instituciones de extralimitarse en competencias. Junto con Hungría, han desafiado la configuración actual orden jurídico supranacional, y parece que la UE no tiene claro cuál será su siguiente paso.
Puede ser que la clave de todo esto lo tenga el nuevo gobierno alemán con su postura sobre los asuntos del Estado de Derecho de la UE. Por ahora, la coalición de semáforos (SPD, Verdes y FPD) no ha definido su agenda europea en detalle aunque es poco probable que el líder del FDP, Olaf Scholz, ponga el Estado de Derecho en el centro de sus objetivos de la UE como canciller. Sin embargo, tanto los Verdes como el FDP tienen un fuerte enfoque sobre estos, con lo cual podría acabar siendo una de sus demandas centrales si acabasen en el gobierno.
Entre otras opciones, el proceso del Artículo 7 del TUE que establece medidas preventivas y el mecanismo sancionador está bloqueado, sobre todo debido a un pacto de defensa mutua entre Varsovia y Budapest. Mientras tanto, Polonia ya ha dejado claro que utilizará su poder de veto en el Consejo como instrumento para promover su visión de intereses nacionales. Aunque Morawiecki también dijo en su discurso que Polonia no planea un Polexit o seguir los pasos del Reino Unido.
Este acelerado desafío a la Unión Europea no puede derivar en otra cosa que en el chantaje financiero. Lo cierto es que la Comisión Europea mantiene bloqueada la aprobación de su plan de recuperación, junto al de Hungría, que le otorga unos 35.000 millones de euros en préstamos y subvenciones del Fondo de Recuperación. El mensaje es claro: no habrá luz verde hasta que no se respete la legalidad y hayan reformas en el sistema judicial. La presidenta de la Comisión anunció que si la UE está invirtiendo más que nunca para impulsar la recuperación, debemos proteger el presupuesto de la Unión contra las infracciones del Estado de Derecho.
Otra forma de hacer frente al órdago legal de Varsovia es entorno al llamado mecanismo de condicionalidad, que pone en juego la aprobación del mayor paquete de estímulos de la historia comunitaria ante Polonia congelando el reparto de otros 106.000 millones de euros que el presupuesto comunitario tenía reservado en fondos de cohesión y ayudas agrícolas de la PAC. Este mecanismo se encuentra en una especie de limbo a la espera del pronunciamiento judicial del TJUE. El brazo ejecutivo de la UE tiene intención de ponerlo en marcha a finales de octubre. Para entonces, ¿seguiremos hacia una Europa de las naciones o hacia una unión cada vez más estrecha?
* Esta publicación puede contener opiniones personales del autor que no representan, necesariamiente, la postura del Instituto 9 de Mayo.
