Seis meses después de las muy conflictivas elecciones presidenciales en Belarús (Bielorrusia), Aleksandr Lukashenko ha estrenado otra oportunidad para el diálogo interno con la ciudadanía.
Según la oficina del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), en este país “el poder legislativo es ejercido por la Asamblea Nacional (Parlamento), que está integrada por la Cámara de Representantes (Cámara Baja) y el Consejo de la República (Cámara Alta)”. Esto es, Congreso de los Diputados y Senado, respectivamente. Por su parte, según el artículo 81 de la Constitución de la República de Belarús de 1994, “el Presidente será elegido directamente por el pueblo de la República de Belarús para un mandato de cinco años sobre la base de sufragio universal, libre, igualitario y directo por votación secreta”.
El OHCHR aclara que “a fin de hacer valer el derecho constitucional de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos del Estado, en Belarús se organiza la denominada Asamblea Popular Bielorrusa. Los congresos de la Asamblea se celebran cada cinco años, y sus asistentes son elegidos en las provincias y en la ciudad de Minsk. El Jefe del Estado rinde cuentas ante la Asamblea, entre cuyas competencias figura la de aprobar los planes quinquenales de desarrollo del país, así como disposiciones sobre las cuestiones más importantes relacionadas con el desarrollo del Estado. La Asamblea constituye de facto una forma adicional de control público de la labor del Presidente por parte de la ciudadanía”.
Desde 2001, fecha en la que se celebró la II Asamblea, viene siendo habitual que se celebren dichas Asambleas Populares pocos días antes de las elecciones presidenciales, de modo que estas, no solo parecen servir para hacer “rendir cuentas” al posible presidente saliente, sino para, atendiendo a las amplias atribuciones que la Constitución le otorga, orientar la actuación del posible presidente entrante. Si bien, Lukashenko viene siendo Jefe de Estado ininterrumpidamente desde 1994.
El presidente Aleksandr Lukashenko firmó el 28 de diciembre el decreto 492 por el que se convocaba la VI Asamblea Popular de toda Bielorrusia para los días 11 y 12 de febrero de 2021.
Sus tareas primordiales sería tratar las acciones del poder en el quinquenio 2015 – 2020, determinar los principales vectores y parámetros de desarrollo del Estado para el siguiente lustro y preparar un plan de desarrollo económico y social del país.
Consideraciones de COVID al margen (ya es bastante impactante la imagen del evento), se ha previsto la asistencia entre 70 y 80 invitados extranjeros provenientes de Austria, Alemania, España, Italia, Francia, Hungría, Estonia, Letonia, Polonia, Eslovenia, Serbia, Jordania, Egipto, Rusia, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Ucrania, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán o Moldavia, entre otros países, algunos de los cuales, tienen previsto intervenir en la reunión, dado que se trata de representantes de la diáspora bielorrusa en el extranjero, además de representantes de empresas extranjeras y otras personalidades.
Por otro lado, no debemos olvidar que la Asamblea Popular de Toda Bielorrusia no es, en modo alguno, un órgano legislativo y que, si bien, la VI Asamblea, tiene como tarea principal “determinar los principales vectores y parámetros de desarrollo del Estado” para los próximos cinco años, corresponde, según el artículo 97 de la Constitución, a la Cámara de Representantes, “considerar, a propuesta del Presidente o por iniciativa de no menos de 150 mil ciudadanos de la República de Belarús, que pueden votar, proyectos de ley sobre la introducción de cambios y adiciones en la Constitución y sobre la interpretación de la Constitución”.
El 6 de enero de 2021, Valeri Tsepkalo, quien fuera candidato a la presidencia, anunció la creación del Foro Democrático de Bielorrusia. Según este antiguo diplomático, “la iniciativa consiste en que damos la posibilidad a los ciudadanos de opinar sobre cuál es el modelo de dirección del país que queremos: una república parlamentaria, presidencial o mixta”; no obstante, al aseverar que se trataba de responder a la “vergonzosa e ilegítima Asamblea Popular Bielorrusa”. Tsepkalo, no hacía más que deslegitimar a todas y cada una de las instituciones, organismos y organizaciones que la constituyen, lo cual, implica romper con cualquier posibilidad de diálogo y reforma y optar por la confrontación y la ruptura.
A finales de noviembre de 2020, recordando que se trata de un país al que también se destina el Parteneriado Oriental, el vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmaba: “la posición de la UE es clara y la ha expresado en numerosas ocasiones desde agosto: esperamos un diálogo nacional amplio e inclusivo”7.
Así pues, dadas las expectativas que ha generado la convocatoria de esta IV Asamblea, cabe preguntarse si la mismano ha resultado una ocasión malgastada para establecer una paz social basada tanto en seguridad, como en libertad.
Como dijera el Sr. Borrell en relación a promesas anteriores de Lukashenko sobre una reforma constitucional, “ha anunciado muchas cosas pero lo importante son los resultados”.
* Esta publicación puede contener opiniones personales del autor que no representan, necesariamiente, la postura del Instituto 9 de Mayo.
