Artículo publicado el 21.12.2020 en Levante-EMV por el subdirector del Instituto 9 de Mayo.

Con esa desfachatez propia de la ignorancia gritaba Millán-Astray esas palabras, nada menos que en la Universidad de Salamanca, y como desafío y cuasi-sentencia de muerte a Miguel de Unamuno. El grito de aquel referente del franquismo recoge en pocas palabras la actitud soberbia de quien se cree con la capacidad de enfrentarse a cualquier enemigo con sus propias fuerzas, que estima infinitas.

La semana pasada se aprobó en el Congreso la Proposición de Ley de regulación de la eutanasia. En ausencia de un debate mediático real sobre la ley, es necesario plantear en qué consiste el núcleo de la disputa en torno a la legitimidad de esta regulación. Y para eso es preciso tomar en serio las razones de ambas partes. Es una caricatura de la posición en favor de la eutanasia afirmar que se aprueba para eliminar ciudadanos inservibles. Igual que es una caricatura de la otra parte decir que quienes están en contra de la ley son favorables al encarnizamiento terapéutico.

El verdadero punto decisivo sobre la legitimidad de la eutanasia se encuentra en el papel de la libertad en la sociedad y el derecho. La proposición de ley define la eutanasia como “el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento”. El argumento una y mil veces repetido por sus partidarios puede formularse así: “si alguien quiere morirse, ¿quiénes somos nosotros para impedírselo?” Por otro lado, quienes están contra la eutanasia ponen por encima de la libertad la vida humana. Aunque las razones de esta parte (obispos incluídos) suelen estar expresadas de manera bastante torpe, pienso que lo que mejor resume su argumento es: “si alguien quiere morirse, ¿por qué no ayudarle a que no quiera?”

La cuestión, entonces, es entre la libertad y la vida humana. Pienso, por mi parte, que el segundo argumento -pese a su derrota parlamentaria- es el que más fuerza tiene.

Evitar el suicidio de otra persona es un deber jurídico y moral. El problema es que requiere un esfuerzo intelectual y económico que quizás no estamos dispuestos a realizar. El esfuerzo intelectual consiste en la disposición habitual como sociedad de ofrecer a nuestros vecinos motivos para vivir, razones para el sentido. El esfuerzo económico consiste en la inversión en cuidados paliativos, en procurar la muerte sin dolor y acompañada. Un pequeño apunte: según el Atlas of Palliative Care in Europe 2019, la cobertura de cuidados paliativos, medida en número de servicios especializados por cada 100.000 habitantes, se encuentra en nuestro país al nivel de países europeos como Moldavia, Georgia o Rumanía (países con un PIB per cápita sustancialmente inferior al nuestro). Resulta sorprendente que no se haya aprobado ya un plan de fomento de cuidados paliativos en España.

Hans Jonas escribió que “cuando alguien tiene ante sí a un ser vulnerable, y pudiendo protegerlo no lo hace, se comporta de forma inmoral”. La actitud de quien decide morir no debe ser tomada a la ligera: es una respuesta racional ante el dolor sufrido, y merece una actitud respetuosa. Sin embargo, renunciar como comunidad a dar otra respuesta al dolor distinta de la muerte es una rendición de la sociedad, y un fracaso de la intelectualidad: renunciamos a pensar cómo dar sentido al dolor, renunciamos a fomentar su alivio terapéutico, y en su lugar dejamos paso al suicidio de quien sufre. Pudiendo proteger al vulnerable (el sufriente) no lo hacemos, y por eso actuamos, como sociedad, de forma inmoral. La frase de Millán-Astray cobra hoy sentido pleno, también con su segunda parte: “¡Viva la muerte… y mueran los intelectuales!”

 

* Esta publicación puede contener opiniones personales del autor que no representan, necesariamiente, la postura del Instituto 9 de Mayo.